Organizaciones sociales y asociaciones de consumo denuncian las barreras a las personas refugiadas para abrir cuentas bancarias
Más de una decena de organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, entre ellas CEAR, visibilizan los obstáculos que encuentran las personas migrantes y refugiadas para tener cuentas de pago básicas, algo imprescindible para poder pagar el alquiler o percibir una nómina.
Durante la jornada “Materializando el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas”, que se celebró el pasado 5 de octubre en Madrid, numerosas organizaciones destacaron que algo tan común como abrir una cuenta bancaria se convierte en una enorme barrera para las personas migrantes y refugiadas que llegan a España. Esto ocurre a pesar de la legislación, que contempla que las cuentas de pago básicas son un derecho universal.
“Señalamos las irregularidades en las que incurren las entidades bancarias, haciendo incidencia en la normativa vigente. No se informa de este producto ni de su gratuidad a las personas migrantes y refugiadas”, destacó Noelia Montagud, responsable de Incidencia y Participación Social de CEAR València, durante su participación en el foro.
Se abordaron también otras trabas: la solicitud de documentación adicional como el padrón (un requisito a veces imposible para personas migrantes y refugiadas), el cobro de comisiones, el rechazo de documentos identificativos expedidos por la administración pública o de la dificultad para interponer reclamaciones.
Hacia el acceso real
Dificultades que entidades sociales llevan años denunciando ante los constantes testimonios de personas como Alex Taboada, una de las miles de personas que sufren exclusión financiera en España, que vio cómo el banco le bloqueaba su cuenta sin poder hacer nada. “Nunca me ofrecieron ninguna solución, a pesar de tener NIE en proceso de renovación».
Para mejorar el acceso a las cuentas de pago básicas, Santiago Yerga, Director General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció que en los próximos días entrará en vigor una medida que reconoce la extensión de autorizaciones en las solicitudes de renovación, tras valorar que hoy en día “es imposible tener una vida mínimamente digna sin una cuenta bancaria”.
Por su parte, Paloma Favieres, del Área de Migraciones e Igualdad de Trato de la Defensoría del Pueblo señaló que reciben “continuas quejas» relacionadas con este tema. «El propio concepto de ‘exclusión financiera de personas refugiadas’ es disruptivo, porque las personas refugiadas son, según la Ley, titulares de derechos y obligaciones igual que el resto de los españoles y españolas», apunta.
Propuestas para mejorar
Después de años detectando estos casos, las organizaciones coincidieron en señalar qué es necesario que hagan las entidades bancarias, las cuales declinaron las invitaciones para asistir al debate, para garantizar el acceso y disfrute a este derecho.
“A los bancos les pedimos tres cosas: la aplicación de la ley, proporcionalidad en las decisiones y flexibilidad a la hora de dar respuesta a las peticiones de apertura. La vulneración de este derecho tiene consecuencias muy graves en la vida de miles de personas”, concluyó Alberto Cerezo, del área de Incidencia Política de Red Acoge, para cerrar una jornada en la que participaron cerca de 200 personas, entre público asistente y personas que lo siguieron de forma online.
* Entidades organizadoras: Andalucía Acoge, ASUFIN, CEAR, CECU, Fundación CEPAIM, Fundación de familias monoparentales Isadora Duncan, Fundación Apip-Acam, MPDL, Provivienda, Red Acoge y la Asociación Rumiñahui