CEAR no está siendo investigada.
Madrid, 22 de marzo de 2010.- Ante las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación sobre las subvenciones recibidas por la Fundación CEAR-Habitáfrica y sobre supuestas investigaciones de las cuentas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), esta organización aclara que:
CEAR es una organización plural, que tiene en sus órganos de gobierno representantes de los principales partidos políticos presentes en el parlamento, de organizaciones sindicales, confesiones religiosas y defensores de los derechos humanos. Esta es la principal garantía de independencia en el trabajo por la defensa del derecho de asilo, de los refugiados y de los migrantes. Un trabajo de décadas que ha sido reconocido en múltiples ocasiones por instituciones públicas y privadas, y que, si se observan con objetividad las acciones y los pronunciamientos de la organización, difícilmente puede ser tachado de afín a ningún partido.
CEAR y Fundación CEAR son dos organizaciones distintas con órganos de gobierno diferenciados y personalidad jurídica también distinta. Las auditorias a las que CEAR se está sometiendo por parte de la Intervención General del Estado y del Tribunal de Cuentas hacen parte de los controles ordinarios que el Estado hace periódicamente de las organizaciones que reciben fondos públicos, y no responden a ninguna investigación extraordinaria, como se ha afirmado en algún medio de comunicación. Por otro lado CEAR ha sufrido un drástico recorte de la subvención que recibía, recorte que ha puesto a la organización en situación de déficit y que afecta a la atención de uno de los colectivos más vulnerables en estos momentos de crisis, el de solicitantes de asilo e inmigrantes.
CEAR apoya el llamamiento de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo (Congde) dirigido a los partidos políticos y a los medios de comunicación para que no se utilice a las ONG en sus contiendas partidistas y para que la información sobre las ONG sea imparcial y ajustada a la realidad. Las organizaciones no gubernamentales y todo el tercer sector deben ser fiscalizados con el mayor rigor, pero también merecen respeto en tiempos de dificultades económicas como el que atravesamos.