CEAR condena la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que justifica las devoluciones ilegales en Ceuta y Melilla y pone en grave riesgo el derecho de asilo

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Marzo. El Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana incluyendo en su contenido la enmienda a través de la cual se da cobertura legal a las devoluciones ilegales que se están produciendo, desde hace años, en Ceuta y Melilla.

El texto aprobado establece que quienes intenten cruzar la frontera de Ceuta y Melilla sin autorización “serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. De esta forma, se crea la nueva figura de ‘rechazo de frontera’ a través de la cual se pretende legalizar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. Esta figura no cuenta con procedimiento regulado normativamente por lo que no contempla las garantías establecidas en los artículos 20 y 22 de la LOEX para los procedimientos de devolución y expulsión: derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra actos administrativos, derecho a abogado e interprete, así como la garantía de no ser expulsado o devuelto en caso de que se vulnere el principio de no-devolución contenida en el artículo 57.6. “El ‘rechazo en frontera’ sin garantías ni procedimiento alguno pone en grave riesgo el derecho de asilo al justificar la devolución inmediata de personas que llegan a Ceuta y Melilla sin identificación de aquellas que son merecedoras de protección internacional, así como otros perfiles vulnerables”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) mostramos nuestro rotundo rechazo a esta maniobra legal que supone un claro ataque al derecho de asilo. “Cuando las personas que llegan a Ceuta y Melilla son devueltas al otro lado de la valla sin ser identificadas y sin acceso a garantía alguna, estamos ante una expulsión sumaria contraria a la normativa existente”, señala Estrella Galán. “España no puede aplicar un régimen especial en Ceuta y Melilla al margen de las garantías establecidas en la Ley de Extranjería y Asilo, así como en la normativa europea e internacional”, aclara Galán.

La reforma de la Ley responde a un enfoque puramente securitario de la gestión de fronteras. Las recién inauguradas oficinas de asilo enmascaran la realidad en la frontera y buscan calmar conciencias. “La normativa sobre derechos humanos y protección internacional no solo debe respetarse en las oficinas de asilo, sino también en la valla y en el resto del territorio. Las personas de origen subsaharianos se ven forzadas a llegar a España a través de la valla y por otros medios no seguros ya que son numerosos los obstáculos que les impiden llegar a las oficinas. Las autoridades tienen la obligación de garantizarles el derecho a solicitar asilo aunque su entrada se haya producido por puesto no habilitado”, destaca la secretaria general de CEAR.

La solución al drama de la frontera sur no pasa por potenciar medidas de control de fronteras ni dar cobertura legal a prácticas como las devoluciones ilegales. Es necesario abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados y habilitar vías legales para que las personas refugiadas puedan obtener protección en países seguros.

Desde CEAR alertamos, una vez más, de las terribles consecuencias de la política de blindaje de fronteras llevada a cabo por España y la Unión Europea que ponen en grave riesgo la vida de miles de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares.

//Fin//

CEAR puso en marcha con motivo de las 15 personas que perdieron la vida en la playa de El Tarajal el 6 de febrero de 2014 la campaña estohayquecortarlo.org que denuncia la política de blindaje de fronteras en Ceuta y Melilla y pide el respeto de los Derechos Humanos de las personas refugiadas, así como al derecho de asilo y al cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

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La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pone en grave riesgo el derecho de asilo

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Estrella-Galan

Estrella Galán, secretaria general de CEAR

El 22 de octubre de 2014 despertamos con la noticia de la presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular de una enmienda al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) a través de la que se planteaba una reforma de la Ley de Extranjería (LOEX) española para dar cobertura legal a las devoluciones ilegales que llevan años teniendo lugar en las fronteras de Ceuta y Melilla.

A pesar de la exigencia de su retirada por parte de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales como el Consejo de Europa y Naciones Unidas, la enmienda ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados e incluida en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) .

El texto establece que quienes intenten cruzar la frontera de Ceuta y Melilla sin autorización “serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”. De esta forma, se crea la nueva figura de “rechazo de frontera” a través de cual se pretende legalizar las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla. La figura del rechazo en frontera  no cuenta con procedimiento regulado normativamente por lo que  no  contempla las garantías  establecidas en los artículos 20 y 22 de la LOEX para los procedimientos de devolución y expulsión (derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al recurso contra actos administrativos, derecho a abogado e interprete) así como la garantía de no ser expulsado o devuelto en caso de que se vulnere el principio de no-devolución (artículo 57.6). De esta forma, El “rechazo en frontera” sin garantías ni procedimiento alguno pone en grave riesgo el derecho de asilo al justificar la devolución inmediata de personas que llegan a Ceuta y Melilla sin proceder a la  identificación de aquellas merecedoras de protección internacional y otros perfiles vulnerables. Además, estas personas son  devueltas a Marruecos, país que no garantiza el respeto de sus derechos humanos y el acceso a la protección internacional. Esto supone una grave vulneración del principio de non-refoulement por el que ningún Estado puede expulsar o devolver a una persona a un país donde donde su vida e integridad física corra peligro.

Tal y como ha afirmado el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks,  la legalización de las devoluciones ilegales pueden suponer “el principio del fin del sistema de asilo comunitario”. Ningún país europeo ha regulado estas prácticas ilegales, también cada vez más frecuentes en países como Grecia y Bulgaria. La figura del rechazo en frontera  supone por tanto un grave incumplimiento de  la obligación de facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional y el respeto del  principio de no devolución vulnerando lo establecido tanto en el ordenamiento jurídico español como a la normativa europea y los tratados internacionales ratificados por España.

La redacción incluida en la nueva LSC, priva a las personas necesitadas de proteccion internacional al acceso al derecho de asilo contemplado en el articulo 13.4 de la Constitución Española al tiempo que vulnera los principios de legalidad, de jerarquía normativa, de tutela judicial efectiva  y de igualdad consagrados en este texto. También  se opone a lo establecido en la normativa española  de extranjería y asilo, en el Convenio Europeo de Derechos humanos,  la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva de Retorno, Directiva de Asilo, Código de Fronteras Schengen,  Convención de Ginebra de 1951, Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y  Convención de Naciones Unidas contra la tortura. Resulta a todas luces inaceptable aplicar un régimen fronterizo especial en Ceuta y Melilla al margen de las garantías establecidas en normativa española, europea e internacional.

Por otro lado, la apertura de las nuevas oficinas de asilo en Ceuta y Melilla, no debe  utilizarse como excusa para legitimar las devoluciones ilegales de las personas que entran por puestos no habilitados a través de las valla de Ceuta y Melilla.  Al día de hoy,  las personas de origen subsahariano se ven forzadas a llegar a España a través de la valla ya que son numerosos los obstáculos que les impiden llegar a las oficinas. Por ello, es importante recordar que la condición de refugiado no se determina por la forma de acceso al territorio de un Estado. La Ley de Asilo establece expresamente en su artículo 17.2 que “la entrada ilegal en territorio español no podrá ser sancionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección internacional”. Por ello, tanto las personas que entran por puesto habilitado y llegan a las nuevas oficinas de asilo como aquellas que lo hacen a través de la valla o a nado tienen derecho a pedir asilo y  las autoridades tienen el deber de garantizarlo.

La respuesta a la situación existente en la frontera sur de España y de Europa debe partir de un  pleno compromiso por el respeto de  los  derechos humanos de todas aquellas personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares. La solución no pasa por blindar las fronteras y dar cobertura legal a prácticas como las devoluciones ilegales sino por abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados y habilitar vías legales para que las personas refugiadas puedan obtener protección en países seguros.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial CEAR rechaza el discurso del odio y la criminalización de la migración así como las políticas y conductas que limitan los derechos de las personas migrantes y refugiadas

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Madrid- 21 de Marzo 

En el último año, hemos visto como se ha acrecentado el discurso hostil y alarmista hacia las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestras fronteras. Muestra de ello es el enfoque de las medidas puestas en marcha para controlar e impedir la llegada de estas personas principalmente a través de la frontera sur.  La instalación de concertinas en la valla de Melilla, la actuación de las autoridades en el Tarajal donde murieron al menos  15 personas y  la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana donde se avalan las devoluciones sumarias, dando cobertura legal a una práctica ilegal, son ejemplos de políticas discriminatorias y represivas que muestran a las personas migrantes y refugiadas como una amenaza. A ello se une el tratamiento alarmista de la situación en la frontera sur desde el ámbito político y desde algunos medios de comunicación.

Todo ello pone de manifiesto la existencia de un discurso cada vez más hostil y de incitación al miedo hacia las personas migrantes y refugiadas que lejos de favorecer la convivencia, integración y cohesión social, agudiza la promoción de identidades excluyentes en la sociedad de acogida que fomentan la interiorización de prejuicios y estereotipos y con ello, un clima favorable al racismo y la xenofobia.

Es motivo de especial preocupación el desmantelamiento del trabajo institucional en materia de lucha contra la discriminación y la xenofobia. Ejemplo de ello es el debilitamiento del Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) y del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), así como  la eliminación desde 2012 del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes.

Además, nos preocupa la discriminación generada desde distintos ámbitos de la esfera pública: la aprobación  del RD 1192/2012 que impone restricciones al acceso a la asistencia sanitaria a personas en situación administrativa irregular, la permanencia de identificaciones por concurrencia exclusiva de rasgos étnicos o nacionales de las personas identificadas y su vinculación con vuelos de deportación masiva e internamiento de personas de origen extranjero en los CIEs.

Desde CEAR consideramos que es urgente y necesario que  la eliminación de la discriminación racial y étnica se ponga en el centro del debate migratorio como elemento necesario para la construcción de una sociedad libre de violencia y en la que todas las personas tengan derecho a vivir una vida plena con dignidad promoviendo políticas de integración inclusivas,  que incorporen mecanismos para aplicar de manera efectiva la legislación vigente contra el racismo y la xenofobia, así como poner fin a las medidas de austeridad que afectan de manera desproporcionada a los programas de integración.

De cara a las próximas elecciones a nivel local, autonómico y estatal hacemos un llamamiento a los partidos políticos para que den respuesta a los retos de la sociedad plural y diversa en la que vivimos. Solicitamos que incorporen en sus discursos el valor de la diversidad frente a los mensajes populistas y discriminatorios hacia la población de origen extranjero, solicitantes de asilo y refugiados, que asuman en el ejercicio de sus competencias la creación de ejes programáticos donde la igualdad sea un elemento transversal contribuyendo a la no estigmatización de algunos grupos de población y el fomento de la cohesión, convivencia y la participación social.

Fin del Comunicado

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Como Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, queremos conmemorar el 21 de marzo- Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 2015

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El 21 de marzo de 1960 la policía sudafricana asesinó decenas personas que se manifestaban pacíficamente en contra de las leyes del apartheid. En 1966 la ONU proclamó esta fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.

En un día como hoy las entidades que prestamos en Red el Servicio de asistencia a víctimas de discriminación racial o étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, hacemos una llamada de atención sobre la necesidad de garantizar el derecho fundamental de igualdad de trato a todas las personas y erradicar la discriminación, intolerancia y violencia que pueden constituir delitos de odio.

La Discriminación racial o étnica está prohibida en múltiples instrumentos normativos internacionales y nacionales, destacando a nivel europeo la Directiva 2000/43/CE que en nuestro país precisa de una trasposición adecuada (como se proponía en el proyecto de Ley Integral de Igualdad), que impulse la igualdad real y efectiva, de facto y la creación del organismo independiente que garantice la protección de las víctimas de discriminación racial o étnica y de delitos de odio.

A pesar de  ello, ha habido importantes avances a destacar ; la creación de 52 fiscalías provinciales para la defensa de los delitos de odio y discriminación, la aprobación por parte del Consejo de Europa del 22 de Julio como Día Europeo por las Víctimas de Crímenes de Odio, la creación del Servicio de Asistencia a Víctimas de Discriminación por origen racial o étnico, el trabajo desarrollado por la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, por el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, etc.

Nos encontramos múltiples demostraciones de que el racismo, el antigitanismo y la xenofobia no están erradicados en nuestro país, incluso en ocasiones se agrava la situación al producirse casos motivados por el odio racial o étnico. Y así queda reflejado en el Informe del Defensor del pueblo de 2015, donde específicamente alude a hechos discriminatorios en el entorno deportivo, en el lenguaje y criminalización de inmigrantes que acceden a España a través del salto de la valla de Melilla, controles policiales de identificación por perfil étnico, la posible segregación de los alumnos y alumnas de etnia gitana en las escuelas.

Actualmente nos encontramos en un contexto socioeconómico de crisis, en el que la brecha de la desigualdad aumenta, y donde las personas en situación de vulnerabilidad se ven mayormente afectadas por el rechazo y el estigma social. Por ello, como entidades que promovemos la defensa de las víctimas de discriminación racial o étnica, queremos visibilizar la realidad cotidiana de este grave problema social y solicitar a las administraciones competentes que continúen impulsando el desarrollo de las acciones necesarias para no dejar indefensas a las víctimas.

El discurso en un Día Internacional contra la Eliminación de la discriminación racial abogaría más por el desarrollo de acciones que no dejen impunes a quienes ejercen la discriminación.

Este año 2015 España deberá trasponer a la legislación nacional la Directiva 2012/29 de protección de las víctimas de delitos violentos basados en los prejuicios raciales, la intolerancia y el odio. Creemos que se trata de una buena oportunidad para mejorar la protección legal de este tipo de víctimas, que son especialmente vulnerables  por el contexto y circunstancias sociales y personales que les afectan y que necesitan de servicios de apoyo adecuados.

Junto a ello, en el ámbito Europeo el contexto no es menos preocupante; los actos de violencia racial o étnica que suceden en países como Hungría, Chequia y Eslovaquia, los desahucios de población roma/gitana en Francia, el aumento de grupos ideológicos y partidos políticos que promueven la discriminación, la xenofobia, el racismo, la romafobia y el odio racial o étnico en Hungría, Bulgaria, Grecia, Francia, Reino Unido  entre otros países. El ascenso de partidos racistas y xenófobos como UKIP en Reino Unido, Liga Norte en Italia, Jobbik en Hungría o Amanecer Dorado en las recientes elecciones en Grecia , todos ellos son indicadores de la gravedad del problema. Por ello, en el Día Internacional contra el Racismo queremos hacer un importante llamamiento a la sociedad y en especial a las instituciones  europeas para que aplique de forma más efectiva la legislación en esta materia.

Desde las entidades sociales que visibilizamos la realidad cotidiana de este grave problema social solicitamos a las administraciones competentes que continúen impulsando el desarrollo de las acciones necesarias para no dejar indefensas a las víctimas y condenamos cualquier manifestación, acto o expresión racista, antigitana o xenófoba. Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, solicitamos un mayor esfuerzo de la sociedad en su conjunto y de los poderes públicos para acabar con la lacra social del racismo, la discriminación y la intolerancia para construir juntos una sociedad en la que prevalezca y se fomente el respeto a los derechos humanos, a la igualdad, a la no discriminación y a la tolerancia.

CEAR manifiesta, en el 4º Aniversario de la guerra de Siria, su preocupación porque España sigue imponiendo el visado de tránsito a personas que huyen de la guerra

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Marzo. El conflicto Sirio se ha cobrado la vida de más de 200.000 personas según datos de ACNUR. Mientras la crisis en Siria se agrava, millones de personas se ven obligadas a abandonar el país para salvar sus vidas.

siria

Con más de 3,9 millones de personas refugiadas en países vecinos como Turquía, Jordania, Líbano, Irak o Egipto y casi 8 millones de personas desplazadas internamente Siria atraviesa una grave crisis humanitaria que lejos de ver su fin, está provocando el mayor éxodo de personas desde la II Guerra Mundial. “Tanto la Comunidad Internacional como la Unión Europea deben dar respuesta a esta crisis. No pueden seguir mirando a otro lado y comprometiéndose con gestos insuficientes para lavar nuestras conciencias. La situación que estamos viendo en Siria responde a un gran drama humano de millones de personas que huyen para salvar su vida y que previsiblemente no podrán retornar a sus hogares. La Unión Europea  no puede blindar sus fronteras ante este conflicto y dejar que miles de personas sirias arriesguen y pierdan su vida en el Mediterráneo. Desde CEAR exigimos que se faciliten vías legales y seguras para que estas personas obtengan protección internacional”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Mientras países como Turquía y Líbano acogen a más del 90% de las personas en estos cuatro años solo 217.724 personas sirias han solicitado asilo en la Unión Europea. Ante el refuerzo de fronteras y la falta de vías legales y seguras para obtener protección  muchas de estas personas se ven obligadas a acudir a mafias y utilizar peligrosas rutas  poniendo en riesgo sus vidas. Cada vez son más las personas de origen sirio que están quedando atrapadas en el país debido a las medidas de control de flujo migratorio que los países limítrofes y europeos están imponiendo. Además, las cifras de reasentamiento siguen siendo muy bajas en países como España y siguen existiendo fuertes restricciones como la exigencia del visado de transito. “Desde CEAR  exigimos  a las autoridades españolas que refuercen el  compromiso de nuestro país con las personas refugiadas sirias eliminando el requisito obligatorio del visado de tránsito, facilitando visados humanitarios e incrementando las plazas de reasentamiento con dotación presupuestaria extraordinaria y expresa para este programa”, solicita Galán.

Fin de la nota

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CEAR tiene abierta su la campaña  Abre tus puertas a Siria donde personas reconocidas como José Coronado, Enma Suárez, Tristán Ulloa o Mámen Mendizábal, entre otros, apoyan el trabajo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado con las personas de origen sirio que piden protección internacional en España.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, CEAR visibiliza el reconocimiento del tercer caso de concesión de proteccion internacional a una víctima de trata y exige el reconocimiento de esta protección a todas las personas que sufren este tipo de persecución

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  • La trata de seres humanos está considerada como la nueva forma de esclavitud moderna y es una de las violaciones de los Derechos Humanos más graves que se sufren en el mundo
  • España reconoce el tercer caso de trata a una mujer que solicitó asilo por violencia intrafamiliar

Marzo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 9 de marzo, CEAR recuerda que son miles las mujeres y niñas en el mundo que son perseguidas por motivos de género víctimas de la explotación, el maltrato y la violencia en sus países de origen, durante el desplazamiento y en los países de acogida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, muestra su cara más cruel por medio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la violencia en el marco del hogar y familiar, matrimonios forzados, mutilación genital, entre otros.

Una de las violaciones más flagrantes contra la mujer es la trata con fines de explotación sexual la esclavitud del siglo XXI. Según datos de la Red Española contra la Trata de Personas, se estima que entre 40.000 y 50.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.

España ha reconocido el tercer caso de víctima de trata al conceder el estatuto de refugiada a una mujer de origen camerunés que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y explotada sexualmente en una Red de Trata. La mujer presentó su solicitud de protección internacional en frontera a través de los servicios jurídicos de CEAR. Paloma Favieres, responsable del Área Jurídica de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, valora esta decisión: “Celebramos esta decisión pero no es suficiente. Desde CEAR demandamos que la trata sea reconocida como motivo para solicitar asilo y que se reconozca la protección internacional a las personas que sufren este tipo de persecución”.

A pesar de esta decisión judicial, el nivel de protección de las víctimas de trata en nuestro país es todavía escaso. CEAR evalúa positivamente la aprobación del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos que establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas de trata, pero lo cierto es que aún existen muchos aspectos que mejorar en la aplicación de este mecanismo. “La negativa del Gobierno español en los últimos años a considerar la trata de personas como causa de reconocimiento de protección internacional es el obstáculo principal al que se enfrentan las víctimas de trata en nuestro país”, señala Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

CEAR, como miembro de la Red Española contra la Trata de Personas, demanda el reconocimiento de la trata como motivo de asilo así como la aprobación de una Ley Integral contra la Trata que se desarrolle desde una perspectiva de defensa y respeto a los Derechos Humanos solicitando que España cumpla con su responsabilidad de protección a las víctimas.

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Paula Tena

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Llega el XIV Encuentro Estatal Voluntariado de CEAR

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 Este año nuestro Encuentro va a tener lugar en El Escorial los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de Febrero 2015.

En él vamos a tener la oportunidad de “encontrarnos”  50 personas voluntarias de distintas procedencias geográficas y  diversas acciones voluntarias en la organización para debatir, intercambiar opiniones y experiencias.

Habrá una mesa central con el acercamiento a tres conflictos: uno histórico de Palestina con  Ahmed  Abuzubaida;  uno en vías de resolución,  Colombia con Iván Forero y uno en actual evolución,  África – Malí con Mbuyi Kabunda.

También aprenderemos en los  dos talleres previstos, el primero con un acercamiento a nuestro colectivo desde los aspectos psicológicos con la compañera  Mª Angeles Plaza, Psicóloga CEAR Madrid y un segundo de Teatro social con la actriz, Isabel Requena.

El domingo  otra ponencia nos acercará a la realidad de Melilla con Teresa Vázquez, CEAR Melilla y la situación de las mujeres en la frontera sur con  Leire Lasa, CEAR Euskadi.

Un intenso programa  en el que habrá tiempo para volver a ver a compañeros-as y amigos-as, a  conversar y tomarnos algo tranquilos-as.

Muchisimas gracias a los-as que venís ¡!

Y , seguirnos en las redes ¡!

Por la Sanidad: Médicos del Mundo, Plataforma Yo Sí atiendo, CEAR, Cáritas Canarias, Amnistía Internacional y Acción en red –Canarias

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Ante la afirmación realizada esta semana en el Parlamento de Canarias por la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, según la que hasta la fecha “ni un solo paciente ha quedado sin ser atendido” a pesar de los recortes: Médicos del Mundo, Plataforma Yo Sí atiendo, CEAR, Cáritas Canarias, Amnistía Internacional y Acción en red –Canarias denuncian que no una, si no más de 48.000 personas han dejado de ser atendidas de manera normalizada.

Canarias, 13 de Febrero de 2015.-Ante la afirmación realizada esta semana en el Parlamento de Canarias por la Consejera de Sanidad, Brígida Mendoza, según la que hasta la fecha “ni un solo paciente ha quedado sin ser atendido”, la Coalición por el derecho a la Salud en Canarias, integrada por las organizaciones Médicos del Mundo, Plataforma Yo Sí atiendo, CEAR, Cáritas Canarias, Amnistía Internacional, y Acción en red –Canarias denuncia ante los medios de comunicación que esta afirmación es falsa, y que cada día las organizaciones son testigo de casos de personas a las que se niega el acceso al Derecho a la Salud en nuestra Comunidad Autónoma.

La realidad desmiente a la consejera 

A pesar de las continuas declaraciones de la consejera de Sanidad insistiendo en que nadie se queda sin atención sanitaria en Canarias, siguen produciéndose denegaciones de asistencia a menores de edad y mujeres embarazadas -cuando ésta es obligatoria-, facturaciones de la asistencia en urgencias, casos de personas con enfermedades crónicas sin seguimiento, falta de acceso a los tratamientos y medicinas necesarias para luchar contra enfermedades graves, e imposibilidad de detectar situaciones como la violencia de género, al haberse quedado miles de personas sin acceso a la atención primaria, donde se identifican la mayoría de estas situaciones.

Una regresión que nos afecta a todas las personas

No solo las personas migrantes en situación administrativa irregular, personas que, recordemos, contribuyen a la financiación de la sanidad como el resto de la ciudadanía, también el resto de la población está sufriendo las consecuencias de este injusto cambio de modelo, puesto que han de hacer frente a copagos en los medicamentos. La situación de precariedad económica de muchas familias en Canarias hace que los copagos supongan una barrera infranqueable para el acceso a los fármacos, que les impide en ocasiones completar sus tratamientos.

La tarjeta sanitaria especial canaria, vuelta a la beneficencia y parche para menos de 200 personas.

La Tarjeta Sanitaria especial, es un parche consecuencia de la pérdida del derecho a la salud Universal tras la entrada en vigor de los reales decretos sanitarios en el año 2012. Esta medida afectó en Canarias a más de 48.000 personas a las que la Consejería de Sanidad retiró su tarjeta sanitaria y con ello el acceso a una atención normalizada, y de las que, dos años después, menos de 200 han logrado obtener esta tarjeta sanitaria especial. Además esta tarjeta no asegura el acceso a medicamentos, ya que las personas que la obtienen, cumpliendo el requisito de ser personas con escasos recursos, tienen que pagar el 100% de los fármacos, lo que en gran cantidad de casos imposibilita el acceso al tratamiento, cuestión indisoluble en el cumplimiento del Derecho a la Salud de estas personas.

La Coalición considera inaceptable y poco riguroso que la Consejera haya culpabilizado a las personas excluidas del derecho a la salud de una situación provocada por el propio Gobierno de Canarias.

Tras 24 meses de vulneración de derechos humanos y discriminación para muchas personas, aún no se han tomado las medidas necesarias para garantizar el Derecho Humano a la Salud, ni se ha atendido nuestra principal demanda: la vuelta al principio de universalidad de la Sanidad, como derecho humano universal e inalienable y la derogación inmediata de las medidas que han contribuido al deterioro y ruptura de la asistencia sanitaria universal.

Casos de Vulneración del Derecho a la Salud en Canarias

Antonia tiene 83 años. Presenta antecedentes de cáncer de útero con diversas complicaciones, padece cardiopatía y es portadora de colostomía. Actualmente se encuentra sin posibilidad de cobertura sanitaria y sin posibilidad de hacer frente a los gastos de la vida diaria y a los gastos en términos de cuidados en salud que precisa, que superan los 120 euros mensuales. La exclusión sanitaria a la que se expone esta mujer de 83 años es insostenible en términos de salud.

Lucía tiene 27 años y padece epilepsia desde los 12. Lleva 12 años residiendo en Canarias. A raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012, en su Centro de Salud se le niega asistencia en varias ocasiones, teniendo que firmar varios  compromisos de pago por la atención en el Servicio de Urgencias tras repetidas crisis de epilepsia. Desde Diciembre del 2012, y tras diversos intentos fallidos de tramitación de la tarjeta sanitaria especial para personas con escasos recursos, es en el mes de Marzo del año 2014, cuando por fin se logra la obtención de dicha tarjeta. Sin embargo sigue sin poder acceder a la medicación que precisa, que mensualmente supera los 100 €, medicación que es imprescindible para evitar las crisis de epilepsia, así como para prevenir las consecuencias de los mismos y la progresión del deterioro de su estado de salud.

Martín y Sabrina, Matrimonio de 80 y 76 años respectivamente. Obtienen permiso de residencia por cuatro años en diciembre de 2013. Martín padece enfermedad crónica pulmonar y, al no tener alternativas, se han visto obligados a solicitar el convenio “especial” canario, por el que deben pagar 314 euros mensuales, además del precio de las medicinas, que ronda los 80-150 euros mensuales. Reciben entre los dos una pensión de su país de 384€ al mes. Y deben hacer frente además al resto de gastos de su vida diaria. NO salen las cuentas.

María y Gisela tienen 5 y 7 años. Tienen enfermedades respiratorias: asma y rinitis alérgica. Sus padres llevan 8 años viviendo en Canarias pero a raíz de la entrada en vigor del RDL 16/2012 se les retira la tarjeta sanitaria y también la de las niñas. Desde hace un tiempo, toda la familia consiguió la tarjeta sanitaria especial para personas con escasos recursos. Sin embargo, las constantes recaídas de las enfermedades de las niñas hacen imposible afrontar el gasto farmacéutico de los tratamientos prescritos. Esto hace que nunca lleguen a recuperarse por completo con el consecuente absentismo escolar y continua preocupación de los padres

PORTAVOCÍA:
Pino González, Presidenta de Médicos del Mundo Canarias 608918800
Ricardo Redondas, Responsable de Incidencia Política Médicos del Mundo Canarias 657041462

CEAR exige que se depuren responsabilidades penales y políticas y haya reparación a las familias de las víctimas de El Tarajal

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Un total de 16 guardias civiles tendrán que prestar declaración en calidad de imputados ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta como consecuencia de lo sucedido el 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal (Ceuta) donde 15 personas migrantes perdieron la vida intentando alcanzar a nado suelo español mientras agentes de la guardia civil utilizaban, de manera desproporcional, material antidisturbios.

muertes-tarajalTras las muertes en El Tarajal y la violación de los Derechos Humanos en la Frontera Sur, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), junto con otras organizaciones, nos  personamos como acusación particular en el proceso judicial con el fin de depurar responsabilidades penales y políticas y que se produzca una reparación a las familias de las víctimas.

La jueza que instruye el caso, María del Carmen Serván, daba un paso adelante citando a declarar a varios miembros de la Guardia Civil: un capitán, un sargento, un teniente y trece guardias civiles que estuvieron presentes la mañana de los hechos en el despliegue policial organizado en la playa de El Tarajal

Según consta en las diligencias, el capitán imputado era la máxima autoridad que se encontraba aquel día al mando de la operación y por tanto ahora “el Juzgado de Instrucción deberá determinar si el capitán actuó unilateralmente tomando sus propias decisiones o si recibía órdenes de un superior jerárquico”, apunta Estrella Galán.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado estaremos atentos a las declaraciones de los 16 imputados y a la determinación de la jueza de si la utilización del material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo se produjo dentro de los parámetros de la proporcionalidad.  Es la primera vez, desde que se iniciaron las actuaciones, que agentes de la guardia civil comparecerán ante el juzgado. Hasta el momento la jueza había tenido conocimiento de su versión de los hechos mediante un informe elaborado por la Policía Judicial de la Comandancia en Ceuta que recopilaba las declaraciones de los presentes ese día.

“Desde CEAR celebramos que se haya producido algún avance en el proceso y esperamos que por fin se dejen de producir dilaciones judiciales con el fin de que se agilice el procedimiento”, ha señalado Estrella Galán, secretaria general de CEAR. “Esperamos que se depuren responsabilidades penales y políticas y haya un resarcimiento a las familias de las víctimas”.

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Migreurop reclama el respeto de los derechos de las personas que tratan de acceder a Ceuta y Melilla

Escrito por CEAR el . Posteado en Nota de prensa, Noticias

El mismo día en que el Grupo Popular introducía en el Senado una enmienda al Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, incluyendo la referencia de que en los rechazos en frontera de las personas que traten de entrar irregularmente en Ceuta y Melilla se respetará la normativa de derechos humanos y protección internacional, el Ministro del Interior declaraba que “quedará muy claro” que quienes salten las vallas no tendrán derecho a pedir asilo porque “podrán hacerlo en las futuras oficinas a instalar en los pasos fronterizos”.

Desde Migreurop recordamos que en cumplimiento de la normativa española, europea e internacional las autoridades españolas deben garantizar el acceso al derecho de asilo a toda aquella persona que llegue a territorio español ya sea saltando la valla o por puesto habilitado. En ningún caso estas personas pueden ser devueltas de forma inmediata a Marruecos, país que no garantiza sus derechos ni les asegura una adecuada protección. En la madrugada de ayer, las autoridades marroquíes desalojaron de forma violenta los campamentos de personas migrantes y refugiadas de los montes cercanos a la frontera con Melilla. Esto refleja una vez más la preocupante situación en la que se encuentran las personas de origen subsahariano en Marruecos.

Tras lo expuesto anteriormente consideramos que:

  1. El Partido Popular está decidido a seguir vulnerando el derecho de asilo consagrado en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por España.
  2. La apertura de las nuevas oficinas no puede servir de excusa para legitimar las devoluciones ilegales de las personas que entran por la valla de Ceuta y Melilla. Estas devoluciones son contrarias a la normativa vigente y se debe poner fin inmediato a las mismas.
  3. La cooperación de España y la Unión Europea con el gobierno marroquí para blindar la frontera Sur está provocando graves vulneraciones de los derechos de las personas que tratan de acceder a la Unión Europea.

Por todo ello, las entidades de Migreurop denunciamos la violencia y la represión que se está ejerciendo hacia las personas migrantes y refugiadas en Marruecos, y exigimos que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes y potenciales refugiadas que llegan a Ceuta y Melilla a través de la Frontera Sur.

11 de febrero de 2015

Andalucía Acoge / Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía / Comisión Española de Ayuda al Refugiado / ELIN / Federación estatal de asociaciones de SOS Racismo

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